Presentamos el segundo de la serie de trabajos periodísticos que KAIRÓS está publicando con ocasión del centenario de la Conferencia Episcopal de Colombia. Este es un aporte del Departamento de Comunicación Social del Episcopado.
Por JAVIER DARÍO RESTREPO *
La descalificación que las FARC acaban de hacer del episcopado como facilitador dentro del proceso de intercambio humanitario, es el último episodio de una historia tejida a lo largo de los últimos cien años.
Todavía estaban frescos los recuerdos y las sensaciones de la guerra de los Mil Días cuando aquellos 15 obispos de la primera Conferencia Episcopal escribieron: “quién hay que no se horrorice al ver que los hombres viven guerreando de modo que no parece sino que todo el mundo es un campo en que riñe el combate de todos contra todos… si se reprueba a Dios es en vano buscar la paz.”
Cien años después las palabras y las actividades de los obispos son otras. Según el documento de la conferencia, de julio de 1994, “Hacia una pastoral para la paz,” la pacificación “no es hacer parar o generar la guerra, es superarla, eliminado las causas que la generan.” En su permanente convocatoria a la paz los obispos han cambiado de mirada sobre la violencia, su lenguaje ha adquirido nuevos tonos, sus expresiones y su actitud son otros y muy distintas se han hecho sus formas de acción.
Los primeros años de vida de la Conferencia Episcopal fueron como los de los colombianos en aquel período, que el historiador David Buschnell llamó “el más largo de estabilidad interna de la historia en Colombia como nación independiente”.
En 1927 la Conferencia consignó en su Pastoral Colectiva “Dios se ha dignado recompensar los públicos y oficiales homenajes que se le han tributado, otorgándonos cinco lustros de paz,” y señaló como fórmula para mantenerla “extender y acrecentar entre nosotros el reinado social de Jesucristo”. Este discurso comenzó a cambiar después de la explosión social del 9 de abril de 1948. En la pastoral colectiva del 6 de mayo de ese año, es notable el tono sereno con que los obispos llaman la atención sobre las causas de aquel estallido de violencia: la relajación de los resortes morales de la sociedad, la exaltación de las pasiones en la lucha política, la invitación a la lucha de clases, el excesivo afán por los intereses económicos. Es extensa su lista de propuestas: la unión para afrontar la amenaza común, el acercamiento benévolo y pacífico entre patronos y obreros, la garantía de los derechos de los trabajadores.
Fueron nuevas formas de ver que con los años transformarían la acción del Episcopado. Mantuvieron su condena del comunismo, tema al que le dedicaron una segunda pastoral el 29 de junio y reapareció, como si se tratara de una deuda no cancelada, la vieja condena del liberalismo doctrinario. Pero la orientación episcopal fue de especial urgencia en los años que siguieron cuando, como un fuego no apagado del gran incendio del nueve de abril, reapareció la violencia del medio siglo.
Cuatro años después del ‘Bogotazo’ ya había guerrillas liberales en Yacopí y la Palma (Cundinamarca), en el sureste antioqueño, en Santander, en el sur del Tolima, en el Sumapaz y en los Llanos. En 1964 se contabilizaban más de cien bandas de campesinos armados en todo el país. En parte eran grupos de autodefensa alimentados por los odios partidistas ancestrales. Veredas y regiones se habían uniformado de azul conservador o de rojo liberal y en pie de guerra y de aniquilación de los contrarios.
En este período la Conferencia de los Obispos asumió la violencia “como un ciclón que ha pasado con fuerza desoladora por vastas regiones.” En su Pastoral Colectiva de 1953, aunque mantuvieron su discurso que atribuye el problema “al apartamiento de las enseñanzas de Cristo” y reiteraron su enseñanza evangélica del amor de Dios y del prójimo, fueron toda una novedad dos capítulos dedicados a la dignidad de la persona humana, a la justicia y al derecho a la vida. Como había ocurrido en la pastoral de 1948, el episcopado concentró su visión del fenómeno también en las fallas de la justicia “sin su ejercicio la sociedad sería un caos y se caería en la barbarie”.
Esa nueva mirada se concretó en 1958 cuando en la Pastoral de la XIX Conferencia, los obispos con lucidez visionaria escribieron: “Es tiempo de emprender una reforma agraria y social a base de un reparto más equitativo de la riqueza.”
Cuando el presidente Belisario Betancur propuso su proyecto de paz recibió el apoyo de los obispos, pero no su unanimidad. Como los ciudadanos comunes, hubo obispos que aplaudieron el propósito presidencial de parar la violencia y de avanzar hacia un acuerdo de paz, pero otros rechazaron, por altos, los costos de ese proyecto, como el de la impunidad que suponían los mecanismos legales de la amnistía. Con todo, varios obispos hicieron parte de las comisiones creadas por el gobierno para lograr el acercamiento y el diálogo con los guerrilleros.
La creación en 1995 de la Comisión de Conciliación Nacional por parte del presidente de la Conferencia Episcopal, fue una expresión de esa nueva pastoral. Se trata de una organización independiente respecto del gobierno, dedicada a tareas como la humanización del conflicto y la creación de condiciones que propicien las negociaciones con los grupos armados ilegales.
Simultáneamente con esta comisión, la Iglesia propició foros de discusión y análisis sobre el conflicto, influyó en las agendas de paz para incluir allí temas como el de la reforma agraria y los derechos de las víctimas. En este campo específico promovió como tema de discusión y de investigación, el de los desplazados. La pastoral social del episcopado tomó a su cargo las investigaciones sobre desplazamiento a través de la Consultoría para derechos humanos y desplazamiento (Codhes), una actividad pionera que impidió que la realidad y las voces de los desplazados desaparecieran entre los múltiples clamores de una sociedad inmersa en el conflicto. Hoy el país y el mundo saben y sienten la existencia de tres millones de desplazados, por la actividad de esta dependencia de la Conferencia Episcopal.
Pero todo esto ha tenido sus costos. Dos obispos y 37 sacerdotes asesinados; 3 obispos y ocho sacerdotes secuestrados; y 7 obispos, 3 religiosas y seis sacerdotes bajo amenaza de secuestro. 28 de los asesinatos son atribuibles a la guerrilla o a los paramilitares.
Esto no ha impedido que esta pastoral de la paz –que va más allá del discurso- se haya mantenido y caracterizado la acción de la Iglesia, con los naturales avances y retrocesos de todo proceso en construcción.
En un siglo de actividades, el discurso de los obispos sobre violencia y paz ha cambiado. Sus actividades se han transformado, pero la confianza de los colombianos en la pureza de su gestión se ha mostrado en niveles que urgen al Episcopado y lo interpelan para que mantenga viva la esperanza.
* Autor invitado
Por JAVIER DARÍO RESTREPO *
La descalificación que las FARC acaban de hacer del episcopado como facilitador dentro del proceso de intercambio humanitario, es el último episodio de una historia tejida a lo largo de los últimos cien años.
Todavía estaban frescos los recuerdos y las sensaciones de la guerra de los Mil Días cuando aquellos 15 obispos de la primera Conferencia Episcopal escribieron: “quién hay que no se horrorice al ver que los hombres viven guerreando de modo que no parece sino que todo el mundo es un campo en que riñe el combate de todos contra todos… si se reprueba a Dios es en vano buscar la paz.”
Cien años después las palabras y las actividades de los obispos son otras. Según el documento de la conferencia, de julio de 1994, “Hacia una pastoral para la paz,” la pacificación “no es hacer parar o generar la guerra, es superarla, eliminado las causas que la generan.” En su permanente convocatoria a la paz los obispos han cambiado de mirada sobre la violencia, su lenguaje ha adquirido nuevos tonos, sus expresiones y su actitud son otros y muy distintas se han hecho sus formas de acción.
Los primeros años de vida de la Conferencia Episcopal fueron como los de los colombianos en aquel período, que el historiador David Buschnell llamó “el más largo de estabilidad interna de la historia en Colombia como nación independiente”.
En 1927 la Conferencia consignó en su Pastoral Colectiva “Dios se ha dignado recompensar los públicos y oficiales homenajes que se le han tributado, otorgándonos cinco lustros de paz,” y señaló como fórmula para mantenerla “extender y acrecentar entre nosotros el reinado social de Jesucristo”. Este discurso comenzó a cambiar después de la explosión social del 9 de abril de 1948. En la pastoral colectiva del 6 de mayo de ese año, es notable el tono sereno con que los obispos llaman la atención sobre las causas de aquel estallido de violencia: la relajación de los resortes morales de la sociedad, la exaltación de las pasiones en la lucha política, la invitación a la lucha de clases, el excesivo afán por los intereses económicos. Es extensa su lista de propuestas: la unión para afrontar la amenaza común, el acercamiento benévolo y pacífico entre patronos y obreros, la garantía de los derechos de los trabajadores.
Fueron nuevas formas de ver que con los años transformarían la acción del Episcopado. Mantuvieron su condena del comunismo, tema al que le dedicaron una segunda pastoral el 29 de junio y reapareció, como si se tratara de una deuda no cancelada, la vieja condena del liberalismo doctrinario. Pero la orientación episcopal fue de especial urgencia en los años que siguieron cuando, como un fuego no apagado del gran incendio del nueve de abril, reapareció la violencia del medio siglo.
Cuatro años después del ‘Bogotazo’ ya había guerrillas liberales en Yacopí y la Palma (Cundinamarca), en el sureste antioqueño, en Santander, en el sur del Tolima, en el Sumapaz y en los Llanos. En 1964 se contabilizaban más de cien bandas de campesinos armados en todo el país. En parte eran grupos de autodefensa alimentados por los odios partidistas ancestrales. Veredas y regiones se habían uniformado de azul conservador o de rojo liberal y en pie de guerra y de aniquilación de los contrarios.
En este período la Conferencia de los Obispos asumió la violencia “como un ciclón que ha pasado con fuerza desoladora por vastas regiones.” En su Pastoral Colectiva de 1953, aunque mantuvieron su discurso que atribuye el problema “al apartamiento de las enseñanzas de Cristo” y reiteraron su enseñanza evangélica del amor de Dios y del prójimo, fueron toda una novedad dos capítulos dedicados a la dignidad de la persona humana, a la justicia y al derecho a la vida. Como había ocurrido en la pastoral de 1948, el episcopado concentró su visión del fenómeno también en las fallas de la justicia “sin su ejercicio la sociedad sería un caos y se caería en la barbarie”.
Esa nueva mirada se concretó en 1958 cuando en la Pastoral de la XIX Conferencia, los obispos con lucidez visionaria escribieron: “Es tiempo de emprender una reforma agraria y social a base de un reparto más equitativo de la riqueza.”
Cuando el presidente Belisario Betancur propuso su proyecto de paz recibió el apoyo de los obispos, pero no su unanimidad. Como los ciudadanos comunes, hubo obispos que aplaudieron el propósito presidencial de parar la violencia y de avanzar hacia un acuerdo de paz, pero otros rechazaron, por altos, los costos de ese proyecto, como el de la impunidad que suponían los mecanismos legales de la amnistía. Con todo, varios obispos hicieron parte de las comisiones creadas por el gobierno para lograr el acercamiento y el diálogo con los guerrilleros.
LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN NACIONAL
La creación en 1995 de la Comisión de Conciliación Nacional por parte del presidente de la Conferencia Episcopal, fue una expresión de esa nueva pastoral. Se trata de una organización independiente respecto del gobierno, dedicada a tareas como la humanización del conflicto y la creación de condiciones que propicien las negociaciones con los grupos armados ilegales.
Simultáneamente con esta comisión, la Iglesia propició foros de discusión y análisis sobre el conflicto, influyó en las agendas de paz para incluir allí temas como el de la reforma agraria y los derechos de las víctimas. En este campo específico promovió como tema de discusión y de investigación, el de los desplazados. La pastoral social del episcopado tomó a su cargo las investigaciones sobre desplazamiento a través de la Consultoría para derechos humanos y desplazamiento (Codhes), una actividad pionera que impidió que la realidad y las voces de los desplazados desaparecieran entre los múltiples clamores de una sociedad inmersa en el conflicto. Hoy el país y el mundo saben y sienten la existencia de tres millones de desplazados, por la actividad de esta dependencia de la Conferencia Episcopal.
MÁRTIRES DE LA PAZ
Pero todo esto ha tenido sus costos. Dos obispos y 37 sacerdotes asesinados; 3 obispos y ocho sacerdotes secuestrados; y 7 obispos, 3 religiosas y seis sacerdotes bajo amenaza de secuestro. 28 de los asesinatos son atribuibles a la guerrilla o a los paramilitares.
Esto no ha impedido que esta pastoral de la paz –que va más allá del discurso- se haya mantenido y caracterizado la acción de la Iglesia, con los naturales avances y retrocesos de todo proceso en construcción.
En un siglo de actividades, el discurso de los obispos sobre violencia y paz ha cambiado. Sus actividades se han transformado, pero la confianza de los colombianos en la pureza de su gestión se ha mostrado en niveles que urgen al Episcopado y lo interpelan para que mantenga viva la esperanza.
* Autor invitado
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